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Golpe a la pirateria
« en: 05 de Marzo de 2024, 06:25:02 06:25 »



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Golpe a la piratería: primera sentencia contra una empresa de IPTV pirata en España



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Golpe a la piratería: primera sentencia contra una empresa de IPTV pirata en España
La Audiencia Provincial de Pontevedra condena un pago de 670.000 euros a la empresa Engel



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Un grupo de personas ve el fútbol en un bar
Un grupo de personas ve el fútbol en un barJ.P. GANDUL
José M. Rodríguez Silva
José M. Rodríguez Silva
Actualizado Martes, 5 marzo 2024 - 02:19

Estudio La piratería vuelve a crecer, y se dispara en los contenidos televisivos y las emisiones deportivas
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha protagonizado un fallo histórico al condenar a la empresa Engel Systems S.L y sus directivos por un delito contra la propiedad intelectual por la venta de decodificadores para piratear contenido. Lo extraordinario del fallo se debe a que es la primera vez que en España es condenada una empresa por vender servicios de IPTV pirata, ya que, hasta ahora , el peso de la ley había recaído únicamente en personas particulares, señalan fuentes jurídicas a EL MUNDO.

La condena afecta a siete trabajadores de la empresa, entre ellos sus directivos, que han recibido multas que van desde los 540 euros hasta los 7.290 euros en función de su grado de importancia en las operaciones, y a la compañía Engel, sancionada con 673.000 euros y 397 dólares por la responsabilidad civil derivada del delito.

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Más allá de la multa, se prohíbe a la empresa volver a dedicarse a la venta de decodificadores en el futuro, mientras que los directivos también fueron inhabilitados por un periodo de siete años. Los acusados particulares, además, recibieron penas de cárcel que se han conmutado por haber abonado las cantidades reclamadas y otros atenuantes como la elevada duración del proceso, más de siete años y medio hasta la sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso.


La compañía llevó a cabo su operativa durante seis años y fue evolucionando en sus métodos. Primero con un modelo de piratería de cardsharing, es decir, ofreciendo conexión pirata a otros usuarios a través de una tarjeta de abonado legítima, y posteriormente evolucionaron a las IPTV, el modelo en boga actualmente por el que se accede de forma fraudulenta a contenidos de pago por Internet.

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Esta forma de acceder a contenidos está especialmente extendida entre los jóvenes y hay modelos que incluso cobran sus propias suscripciones mensuales [mucho más baratas que el modelo legal]. Según LaLiga, a principio de temporada había un millón de conexiones piratas de estas características, un problema que causa creciente preocupación entre los grandes operadores que invierten ingentes cantidades en métodos para tumbar estos medios de difusión.

La denuncia que derribó la organización la hicieron EGEDA, Mediapro y Movistar Plus+, que heredó el caso de la antigua Digital+ cuando Telefónica adquirió la compañía. Las entidades recibieron un pago inicial de 97.102 euros en el caso de las dos primeras y 129.470 euros en el de Telefónica a lo que se sumará el abono del resto de la sanción en 23 mensualidades.

ASÍ FUNCIONABA
Según relata el juez, la empresa estuvo desde finales de 2010 hasta mayo de 2016 vendiendo decodificadores que emitían o reproducían contenidos piratas gracias a una red de servidores ubicados en Lituania y Alemania, en primera instancia, y en un centro de datos en Málaga y en la propia nave de la empresa en Madrid posteriormente.


No contentos con el comercio ilícito, el modus operandi de la empresa consistía en hacer apagones periódicos de los servidores para obligar a los clientes a comprar un decodificador nuevo, lo que se traducía en nuevas ventas para Engel.

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La empresa instalaba un archivo en los decodificadores que permitía tener acceso a los canales de Movistar, Bein Sport y Sky Sport, así como a películas y series sin autorización. El mecanismo funcionó durante seis años hasta que, el 18 de mayo de 2016, la policía irrumpió en los locales de la empresa en Málaga, Madrid y Barcelona y en los de varios socios que la compañía tenía en Lugo, Rivas-Vaciamadrid y Palma de Mallorca.

Posteriormente, se hicieron registros en Alemania y Lituania para desmantelar los servidores de la empresa y se registraron varios domicilios donde se encontraron los archivos que se utilizaban para piratear la señal de las compañías afectadas.

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